From the article: “Based on Ball’s calculations, using our data, nearly 3,000 people could have been killed in the three areas we analyzed in the first 18 months of the drug war. That is more than three times the official police count.”

El modelo “puede distinguir entre los municipios en que vamos a encontrar fosas clandestinas, y en los que es improbable que vayamos a encontrar estas fosas”, explicó Patrick Ball, estadístico estadounidense que colabora con el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

Tarak Shah is quoted with regard to the National Police Index: “Police often avoid accountability by moving to another agency rather than face discipline. This tool, allowing anyone to look up and track the histories of such officers, provides an invaluable service for the human rights community in our fight against impunity.”

An excerpt: The “It breaks the human” report released by the human rights group Amnesty International highlights new statistics from the Human Rights Data Analysis Group, or HRDAG, an organization that uses scientific approaches to analyze human rights violations.

Coverage of Megan Price at the Women in Data Science Conference held at Stanford University. “Price discussed her organization’s behind-the-scenes work to collect and analyze data on the ground for human rights advocacy organizations. HRDAG partners with a wide variety of human rights organizations, including local grassroots non-governmental groups and—most notably—multiple branches of the United Nations.”

Kristian Lum’s work on the HRDAG Policing Project is referred to here: “In fact, Lum argues, it’s not clear how well this model worked at depicting the situation in Oakland. Those data on drug crimes were biased, she now reports. The problem was not deliberate, she says. Rather, data collectors just missed some criminals and crime sites. So data on them never made it into her model.”

Patrick Ball, estadístico norteamericano, colabora con el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana en una investigación sobre fosas clandestinas.

Por ello, Human Rights Data Analysis Group (HRDAG), el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (UIA) y Data Cívica, realizan un análisis estadístico construido a partir de una variable en la que se identifican fosas clandestinas a partir de búsquedas automatizadas en medios locales y nacionales, y usando datos geográficos y sociodemográficos.

Contrario a lo que se puede pensar, los datos oficiales sobre líderes sociales asesinados no necesariamente corresponden a la realidad y podría haber mucha mayor victimización en las regiones golpeadas por este flagelo, según el más reciente informe del Centro de Estudios de Justicia, Derecho y Sociedad (Dejusticia) en colaboración con el Human Rights Data Analysis Group.

En ocasiones, las discusiones sobre ese fenómeno se centran más sobre cuál es la cifra real, mientras que el diagnóstico es el mismo: en las regiones la violencia no cede y no se avizoran políticas efectivas para ponerle fin. En medio de este complejo panorama, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y el Human Rights Data Analysis Group, publicaron este miércoles la investigación Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2016–2017: una estimación del universo.

Video available. La organización Dejusticia, en alianza con una institución estadounidense, asegura que los crímenes van en aumento y existe un subregistro. “Aumentó la violencia letal contra líderes sociales en 2016 y 2017 en al menos 10%”, asegura Valentina Rozo, investigadora de Dejusticia.

Una investigación de Dejusticia y Human Rights Data Analysis Group concluyó que hay un subconteo en los asesinatos de líderes sociales en Colombia. Es decir, que el aumento de estos crímenes en 2016 y 2017 podría ser incluso mayor al reportado por las organizaciones y por las cifras oficiales.